Quiebra y Saqueo del Club, 2003-2007

Quiebra y Saqueo del Club, 2003-2007

Para rastrear el origen del plan para hacer quebrar de la Corfuch, debemos revisar algunos movimientos políticos al finalizar la década del 90’ y los años posteriores: en 1998, durante el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000), el entonces senador Sebastián Piñera, presentó una moción parlamentaria que pretendía revolucionar por completo la forma de administración de los clubes de fútbol. La iniciativa tenía como objetivo la transformación de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), buscando entregar mayor transparencia y eficiencia a los recursos del balompié. En aquellos años, dicho proyecto no tuvo mayor eco en las filas del oficialismo, pero en los círculos de poder ya había comenzado el plan maestro para la destrucción de las corporaciones de futbol. Desde esta línea, los principales actores del arribo de las SADP fueron los mismos que tiempo después llenaron los directorios de las empresas.

De la mano con lo anterior, para llevar a cabo este plan era necesario destruir a las dos instituciones más importantes de nuestro país: la Universidad de Chile y Colo-Colo. En base a esto, grandes empresarios, políticos y dirigentes aunaron fuerzas para derrumbar la institucionalidad de ambos clubes. En 1999 dieron dos golpes importantes: el Servicio de Impuestos Internos (SII), desconociendo el Decreto con Fuerza de Ley 1 de 1970 (DFL-1), que reglamentó el régimen tributario para el pago de sueldos, primas y premios a jugadores de futbol y que no sufrió distintas interpretaciones durante los años siguientes, fue desconocido por el organismo, creando deudas impagables a los clubes, en especial a la Corfuch y el Club Social y Deportivo, aprovechando que en años anteriores habían formado grandes planteles utilizando una gran cantidad de presupuesto: ahora los pagos de premios y primas tributaban. Sumado a esto, el mismo año la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió no repartir los recursos por concepto de derechos televisivos, uno de los principales ingresos de los clubes, agregando a esto los problemas tributarios que tenía la Federación por impuestos impagos, que terminó siendo uno de los argumentos para la operación.

Una vez que la deuda tributaria había sido creada, era necesario destruir la imagen de los dirigentes y el modelo de administración de los clubes sin fines de lucro. De esta forma, el oligopolio de las comunicaciones comenzó una guerra mediática en contra de los principales dirigentes de los equipos chilenos, que rápidamente se configuró en un escenario ideal para que un grupo de empresarios y dirigentes presentaran a las Sociedades Anónimas como la solución final a todos los problemas. Ahora bien, antes de eso se debían dictar las leyes necesarias para proteger estos intereses: a fines de los 90’, el presidente electo de la ANFP, Mario Mosquera, que antiguamente había logrado estabilizar a la Corfuch a inicios de esa década, presentó su plan 1999-2002 que buscaba: modernizar a los clubes a través de la figura de Sociedades Anónimas, reformar los estatutos de la ANFP, fortalecer la Primera B y el futbol joven, entre otras propuestas. Lamentablemente para él, 32 meses después renunció debido al rotundo fracaso de su gestión.

 

 

Ahora intentemos comprender la complejidad y abuso con que fue creada la deuda tributaria, piedra angular de ley de SADP: partamos por conocer el DFL-1 del 29 de julio de 1970, promulgado por el Ministerio de Defensa Nacional, el cual regía la “actividad de deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas”. En su Artículo 7° indicaba que: “Las remuneraciones de los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñen actividades conexas, pueden comprender además de las que se precisan en el artículo 139° del Código del Trabajo, una bonificación especial permanente que no formará parte del sueldo y que podrán estipular las partes. Esta bonificación especial permanente no será imponible”. Esta cláusula indicaba que tanto primas y premios no eran imponibles y por ende no tributan: esta interpretación fue aceptada por el SII durante 29 años.

 

 

Es aquí cuando aparece la Tesorería General de la República, a través de la figura de Gianni Lambertini. Para ahondar en el perfil o prontuario de este señor, se hace necesario conocer una acción concretada en diciembre de 2001 por la Tesorería: el “perdonazo” tributario más grande en la historia de Chile, o sea, la condonación $264.000.000.000 de pesos a los principales grupos empresariales del país, entre ellos Matte, Angelini, Piñera, Claro etc., por deudas tributarias entre 1985 y 1998. Dicha atribución fue entregada a través del Congreso en el marco de la Ley de Evasión Tributaria, ya que dicha norma le permitía al tesorero prescribir deudas tributarias por oficio. Un informe entregado por la Contraloría en año 2003, el Informe N° 216/2003, entrega luces de lo escandaloso del caso. Este informe llegó a tres conclusiones: primero, hubo un “Abandono parcial de funciones por parte del Servicio Recaudador, al no dar cabal cumplimiento a su misión”; segundo, “No se aplicaron todas las instancias de cobro” estipuladas en la ley; y tercero, la Tesorería General de la República fue negligente al no hacer efectivos todos los derechos que le asisten en virtud de la ley y su actitud pasiva impidió que las acciones de cobranzas fueran ejercidas en todas las instancias legales o administrativas.

Lo anterior demuestra que el señor Gianni Lambertini es un esbirro de los grupos empresariales del país, ya que de la mano de Ricardo Lagos entregaron el futbol a empresarios inescrupulosos. Cuando nació la idea de que empresas lucrativas entraran al negocio del futbol, nadie pensó que la “U” y Colo-Colo serían transformados bajo esa figura legal: en primer lugar, porque ambos equipos habían cosechado grandes éxitos deportivos y un balance en su administración; segundo, porque los socios jamás aceptarían perder su calidad de dueños del equipo y entregarlo a los privados. Por tanto, sería necesario crear deudas ficticias y quebrar a las corporaciones para luego firmar contratos abusivos a largo plazo, dejando sin poder resolutivo a la asamblea de socios, los verdaderos dueños de los clubes. Para que todas las cláusulas abusivas fueran aceptadas, las corporaciones debían entrar en un estado de inactividad, por eso la figura de “fallida” era ideal para tomar todos los resguardos para que los “inversionistas” no corrieran riesgos innecesarios.

De esta forma, el 15 de septiembre de 1999 los tribunales de justicia reconocieron la vigencia del DFL-1 frente a la demanda del SII. Sumado a esto, otro antecedente relevante es el reconcomiendo de la Ley de Deportes del año 2001 al DFL-1, ya que dentro de dicho cuerpo legal indica que sigue vigente. Por estos motivos, se hizo incomprensible que la Tesorería General de la República, de la mano de su director Gianni Lambertini, continuara hostigando a los clubes de futbol con una deuda tributaria inexistente e ilegal, contraviniendo todas las resoluciones de los tribunales en la materia. Con su actuar, queda en claro que desde el gobierno existía un plan para desmoronar a los clubes de Chile e imponer la nueva visión empresarial de la Concertación, asociación ilícita que ha mostrado su verdadero rostro el año 2015, al igual que sus pares de la derecha con los casos de corrupción, donde confluye dinero, política y poder.

 

Rene Orozco, Presidente U. de Chile 1991 – 2004 

 

Así fue como el 13 de mayo de 2002 el Ministerio de Justicia aprobó la reforma a los estatutos, que en su Artículo 4° favoreció la intervención de Sociedades Anónimas en participaciones profesionales. Estas modificaciones fueron aprobadas mientras Colo-Colo estaba en quiebra y su presidente encargado reo por el SII: nunca se había visto tanta virulencia por no pago de impuesto, sobre todo si lo comparamos con el Caso Penta o SQM, ocurridos recientemente. Independiente de esto, meses después fue sobreseído por la corte suprema. Sumado a lo anterior, la Corfuch ya estaba amenazada por la deuda tributaria la cual se negaba a reconocer y continuaba el constante desprestigio de los dirigentes y su labor. Eso configuró el contexto ideal para abrir las puertas de la ANFP a los hombres que hasta hoy son considerados como los “dirigentes del futbol”: de igual forma, la institucionalidad vigente hasta ese momento no entregaba las garantías requeridas para la inversión del empresariado, ya que ellos necesitaban un nuevo cuerpo legal para proteger sus intereses. Es por ello que la Ley 20.019 era clave, ya que podrían rebajar impuestos, pagar en cuotas, explotar bienes, marcas registradas, derechos federativos y todo tipo de propiedad que poseyeran las corporaciones. De esta forma, el 25 de marzo 2005 la Junta de Acreedores concesionó a Blanco y Negro S.A.

 

 

Ahora bien, otra arista imprescindible para comprender el entramado que significó la quiebra orquestada de los clubes chilenos fue el nacimiento del Canal Del Fútbol (CDF), que, sin lugar a dudas, fue la “mina de oro” de las empresas que tomaron control del balompié chileno desde el 2005 en adelante. El proyecto CDF nació en 1997 con una asesoría realizada por Jorge Claro Mimica a la ANFP: el ente encargó un estudio con el fin de determinar la forma de maximizar los recursos provenientes de los derechos televisivos. Dicha iniciativa descansó varios años en los escritorios de la Asociación, la cual fue desempolvada una vez que los clubes cayeron en desgracia, ya que requerían la explotación de la imagen de los principales equipos chilenos para poner a flote el CDF. De esta forma, el año 2002, bajo la presidencia de Reinaldo Sánchez, se abrió la puerta a este proyecto debido al vencimiento de los derechos de transmisión. Con Colo-Colo en quiebra, el síndico entregó a costo cero los derechos de imagen del club y tiempo después de esto fue el turno de la “U”. El negocio del futbol había comenzado: más tarde quedaría demostrado que la empresa CDF es una máquina de evasión de impuestos. Los mismos empresarios que “rasgaban vestiduras” con la deuda tributaria de los clubes, ocuparon las artimañas usadas en sus empresas para consolidar sus ganancias en desmedro del Estado y tiempo después usaron el futbol joven para el mismo propósito a través de la ley de donaciones.

Todos estos elementos nos ayudarán a entender de mejor forma el caso de la Universidad de Chile a través de la Corfuch, así que volvamos a nuestra historia: la pesadilla de la “U” comenzó en los inicios del 2003. A través de la prensa, el día 2 de enero, el tesorero de la República amenazó que la quiebra era inminente debido a la deuda tributaria que se arrastraba y que el directorio no reconocía como válida. El día siguiente, la Corte Suprema reconoció el DFL-1 como válido, pero la Tesorería y el SII siguieron adelante con la demanda tributaria. De esta forma, el 4 de enero la Corte Suprema volvió a dictar sentencia declarando nulos 50 juicios tributarios, basada en el Artículo 6, letra B, N° 7 y 116 del Código Tributario, similares a las condiciones en que se encontraban los juicios de la Corfuch y el Club Social y Deportivo Colo-Colo.

La arremetida de Lambertini no se hizo esperar y días después decretó el embargo del club, dejando a la Corfuch con enormes dificultades para generar recursos: sumado a la retención de las recaudaciones por partidos, también fueron congeladas las cuentas de la corporación dejándola en un estado crítico, desconociendo todos los procesos judiciales en curso. El cálculo de la deuda fue realizado por funcionarios de la Tesorería y no por un juez tributario, por tanto los montos entregados siempre estuvieron bajo el velo de la duda. En paralelo, se lidiaba una batalla perdida en el Congreso: el 8 de enero de 2003, la cámara baja aprobó la Ley de SADP. Este trámite legislativo quedó entrampado en el Senado hasta el año 2005, debido a que la deuda tributaria de los clubes no estaba debidamente aclarada: un intenso lobby por parte del empresariado y políticos de la época, dio como resultado la conocida Ley 20.019 que rigió en adelante al futbol chileno.

 

 

Es necesario destacar que el directorio del club manejó las finanzas de forma desprolija, ya que, en vista de la deuda tributaria y previsional, se debieron tomar medidas inmediatas para detener el crecimiento de este compromiso que se volvió inmanejable, además de realizar un defensa fuerte en tribunales por el desconocimiento del DFL-1. Finalmente, el proyecto social de Orozco fue privilegiado en desmedro de las garantías que tenía, lo que terminó por sepultar al club debido a la falta de flujo y las deudas que se acumularon, como veremos a continuación. En abril del 2002, el tesorero Gianni Lambertini cifró la deuda del futbol chileno en $6.400.000.000 de pesos, de los cuales $3.300.000.000 pertenecían a Colo-Colo, por lo que el resto de los clubes tenía una deuda fiscal que sumaba $3.100.000.000: dichos montos eran calculados al interior del organismo. A pesar de lo ilegal del cobro, la Corfuch presentó varias formas de pago las que fueron desechadas en muchas oportunidades por la Tesorería.

El 24 de julio del año 2002, el mismo Lambertini declaró ante la prensa que la deuda del futbol chileno era de $14.000.000.000 de pesos y sólo la “U” debía más de $4.000.000.000 por ese concepto, sumado a los $8.000.000.000 de Colo-Colo y otros $1.000.000.000 de la Unión Española. Contrariamente a estas cifras, la deuda real de la Corfuch era de $2.000.000.000, agregando el resto en multas e interés. En base a esto, la facultad de condonación recaía sobre el mismo tesorero, lo que jamás se llevó a cabo: en tres meses, la deuda se había casi triplicado sin mayor explicación aparente. Cabe señalar que la deuda tributaria correspondía a la no retención de los tributos de primas y premios pagados a los futbolistas, que según el SII debían grabar: por tanto, la deuda, en estricto rigor, no era de los clubes. Una interpretación distinta daba el ente estatal, ya que acusó a los clubes de quedarse con los tributos adeudados y, por lo tanto, el cálculo de los montos se hacía de forma distinta y se había efectuado de forma dolosa, lo que sumaba cinco años retroactivos a la deuda, de 1994 en adelante, sumado a las multas e intereses hacían que la deuda se volviera exponencial. El plan era perfecto.

La ley de SADP dio beneficios sólo a las entidades que se convirtieran en sociedades anónimas entregando plazos irrisorios y facilidades nunca antes vistas para el pago de impuestos. La suerte de la “U” estaba echada: la quiebra era inminente y no existió forma de llegar a un acuerdo, porque el gobierno ya había traicionado al futbol chileno. En base a esto, el camino fue tortuoso: en primer lugar, el 31 de diciembre de 2003, la Tesorería General de la República solicitó la quiebra de la Corfuch por $5.400.000 de pesos. Posteriormente, en marzo del año siguiente la entidad presidida por Orozco presentó dos demandas en tribunales para que declarase nulos los juicios tributarios. En tercer lugar, el 21 de abril de 2004, la titular del 7° Juzgado Civil, Jenny Book, rechazó la solicitud de quiebra, lo que provocó que, dos días después, una apelación de la Tesorería a dicho fallo continuando la batalla legal del club. Posteriormente, en noviembre del mismo año la Dirección del Trabajo pidió la clausura de la Corfuch por no pago de $1.542.296.000 por deudas previsionales y $ 220.000.000 por cuatro meses de sueldos de funcionarios: cuatro días después, el asunto fue solucionado con un acuerdo entre René Orozco y los trabajadores. En estas condiciones, el 20 de mayo de 2005, el Congreso aprobó la Ley 20.019 de SADP, que obligó a los clubes a transformarse en una S.A. o crear un fondo de inversión: es aquí cuando Lino Díaz, presidente de la Corfuch en ese momento, anunció que la “U” seguiría esta segunda opción. De esta forma, el 26 de mayo de 2006, la 4ª sala de la Corte de Apelaciones revirtió el fallo de Jenny Book del año 2004 y decretó la quiebra por deudas de $7.000.000.000 de pesos con la Tesorería: José Manuel Edwards fue designado como sindico y, días después, la Corte de Apelaciones suspendió la quiebra en vista de un recurso de casación interpuesto por dirigentes de la Corfuch. Lino Díaz retomó el mando de la corporación, lo que no impidió que, finalmente, el 18 de diciembre la Corte Suprema rechazara el recurso para ratificar la quiebra de la “U”.

Para finalizar, otro factor importante en este proceso fue el permanente silencio de los Tribunales de Justicia frente a las demandas de nulidad de la deuda fiscal por parte de los personeros de la corporación, lo que a la larga terminó por sepultar a la Universidad de Chile con una deuda que continuó creciendo debido a que cada mes de dilatación del proceso la deuda crecía en $150.000.000 de pesos. En paralelo, la Asamblea de Socios se reunió el 17 de junio acordando convertirse en Fondo de Deportes y, tiempo después, dicha votación fue impugnada y declarada ilegal. De esta forma, el club quedó a la deriva, comenzando su venta y saqueo que partió el 25 de mayo de 2007, cuando Azul-Azul S.A tomó el control de la institución a través de un contrato de concesión. Más tarde, la casa de Bello firmó un contrato de arriendo del nombre y los emblemas, una nueva forma de corromper al Estado de Chile.